COLOMBIA: NO SE TRATA SOLAMENTE DE CONSTRUIR EDIFICIOS, SINO DE CONSTRUIR CONFIANZA!

Apreciados lectores,                                            

             La reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto de 2026, el papel de los gremios de la construcción y la eficacia de los organismos de vigilancia plantean un desafío común para el Real Estate colombiano: recuperar la confianza del comprador como condición para una reactivación sostenible.
 
              El mercado inmobiliario colombiano enfrenta una discusión que no puede reducirse a las estadísticas de ventas, los lanzamientos de nuevos proyectos o las propuestas para estimular la demanda. En medio de la reconstrucción que exige el terremoto del 10 de agosto de 2026, existe una variable que merece mayor protagonismo: la confianza de quienes deben comprometer sus ahorros, asumir créditos de largo plazo y entregar recursos para adquirir una vivienda que, en muchos casos, todavía no existe físicamente.
 
              La recuperación del sector exige abordar tres dimensiones inseparables: la reconstrucción de la infraestructura y la vivienda, la responsabilidad de los gremios en la recuperación de la credibilidad del mercado y la capacidad efectiva de las autoridades para prevenir incumplimientos y proteger a los consumidores.
Porque reactivar la construcción sin atender la confianza puede significar aumentar la oferta sin resolver una parte fundamental del problema de la demanda.
 
1. LA RECONSTRUCCIÓN: UNA OPORTUNIDAD QUE NO PUEDE LIMITARSE A LEVANTAR EDIFICIOS!
              El terremoto del 10 de agosto de 2026 ha puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar viviendas, infraestructura y condiciones de seguridad para miles de familias afectadas. La magnitud del desafío requiere inversión, coordinación institucional, capacidad empresarial y una planificación urbana que incorpore criterios de seguridad y resiliencia.
 
              Sin embargo, una emergencia de esta naturaleza no debería convertirse exclusivamente en una oportunidad para acelerar licencias, promover nuevos desarrollos o impulsar las ventas inmobiliarias.
 
               La reconstrucción también debe ofrecer garantías de transparencia, calidad constructiva y cumplimiento contractual. Las familias que necesitan recuperar su vivienda no deberían enfrentarse a una nueva incertidumbre al momento de elegir un proyecto, entregar sus recursos o confiar en las promesas de un promotor.
 
              El reto, por tanto, no consiste solamente en construir más rápido. Consiste en reconstruir mejor, con criterios técnicos verificables y mecanismos que reduzcan la exposición de los compradores a riesgos que no están en capacidad de controlar.
 
               La reconstrucción física necesita acompañarse de una reconstrucción de la credibilidad del mercado.
 
2. LOS GREMIOS: DE PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN A CONTRIBUIR A RECUPERAR LA CONFIANZA!
              Buena parte de la agenda pública de los gremios de la construcción se concentra en indicadores de ventas, iniciaciones, costos, tasas de interés y propuestas para reactivar el sector. Todas estas variables son importantes, pero no agotan el diagnóstico.
 
              La pregunta que merece mayor atención es otra: ¿qué está haciendo el propio sector para recuperar la confianza de los compradores?
 
              Los escándalos relacionados con presuntas estafas inmobiliarias, los proyectos paralizados, los incumplimientos y los retrasos en las entregas pueden deteriorar la percepción de seguridad de todo el mercado, incluso cuando existen empresas que cumplen sus obligaciones.
              La dimensión de ese impacto debe establecerse mediante indicadores representativos de confianza, intención de compra y comportamiento de la demanda. No sería riguroso atribuir todo el estancamiento inmobiliario a la desconfianza, ignorando factores como el costo del crédito, la capacidad adquisitiva y los precios de la vivienda. Pero tampoco resulta suficiente proponer estímulos económicos sin evaluar la credibilidad que inspira la oferta disponible.
 
               Los gremios tienen la oportunidad de ampliar su función: además de representar los intereses de sus afiliados ante el Estado, pueden promover estándares verificables de transparencia, buenas prácticas contractuales, seguimiento de compromisos de entrega y mecanismos independientes para atender reclamaciones.
 
              Esto no significa convertirlos en aseguradoras universales ni atribuirles automáticamente responsabilidad jurídica por cada proyecto fallido. Significa exigir un compromiso más activo con la calidad y el cumplimiento de las empresas que representan.
 
              La afiliación gremial, por sí sola, no debe confundirse con una garantía financiera. Pero las organizaciones sectoriales sí pueden contribuir a establecer sistemas de evaluación y autorregulación transparentes, con criterios públicos, verificación independiente y consecuencias claras cuando se incumplen los estándares adoptados.
 
              La reactivación más sostenible podría comenzar precisamente allí: desde adentro, elevando los estándares del sector y demostrando que las promesas comerciales se traducen en resultados verificables.
 
3. SIC Y SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: ¿SANCIONAR DESPUÉS O PREVENIR ANTES?
               La tercera dimensión corresponde a la eficacia de los mecanismos estatales de vigilancia y protección al consumidor.
 
              La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) desempeñan funciones diferentes. La SIC interviene, dentro de sus competencias, en la protección de los derechos de los consumidores y en asuntos jurisdiccionales relacionados con determinadas controversias. La SFC supervisa a las entidades sometidas a su vigilancia y ejerce las funciones jurisdiccionales que le atribuye la ley, incluidas las controversias que correspondan frente a entidades vigiladas.
 
               Sin embargo, la existencia de sanciones, investigaciones y decisiones favorables a los consumidores no permite concluir, por sí sola, que los recursos hayan sido recuperados o que los incumplimientos futuros hayan sido prevenidos.
 
               Una decisión puede reconocer un derecho y, aun así, enfrentar dificultades de cumplimiento si el responsable carece de patrimonio suficiente. De igual manera, la administración fiduciaria de un proyecto no garantiza automáticamente su culminación ni la devolución incondicional de todos los aportes: las obligaciones dependen de la estructura y las condiciones del negocio.
 
               Por eso, la discusión debe ir más allá del número de actuaciones administrativas o judiciales. Es necesario evaluar cuánto tardan los procedimientos, qué proporción de las decisiones se cumple, cuánto dinero recuperan efectivamente los consumidores y qué mecanismos permiten identificar riesgos antes de que se materialice el daño.
 
               También merece estudiarse una mejor articulación de la información urbanística, contractual y financiera, respetando las competencias de cada autoridad. La licencia de construcción no es una certificación de solvencia del promotor, así como la participación de una fiduciaria no equivale necesariamente a una garantía integral de la inversión.
 
               La protección efectiva exige claridad sobre las responsabilidades, información accesible y mecanismos preventivos proporcionales a los riesgos de cada proyecto.
 
UNA SOLA AGENDA: CONSTRUIR CONFIANZA!
               Las tres dimensiones convergen en una misma conclusión. La reconstrucción necesita proyectos seguros; los gremios necesitan contribuir a elevar los estándares de cumplimiento de sus afiliados; y las autoridades necesitan que sus mecanismos de vigilancia y protección produzcan resultados efectivos para los ciudadanos.
 
               No se trata de reemplazar la responsabilidad empresarial por más regulación, ni de trasladar a los gremios las funciones del Estado. Se trata de articular responsabilidades que hoy deben evaluarse conjuntamente.
 
                El sector podría avanzar mediante un indicador independiente de confianza inmobiliaria, estándares verificables de buenas prácticas, mayor transparencia sobre el cumplimiento de los proyectos y estadísticas públicas que permitan medir los resultados de las decisiones de protección al consumidor.
 
                Estas medidas no eliminarían todos los riesgos ni resolverían por sí solas los problemas de financiación y acceso a la vivienda. Pero permitirían incorporar una variable esencial a la estrategia de reactivación: la confianza no como una consigna publicitaria, sino como un resultado medible del comportamiento del mercado.
 
               Colombia necesita reconstruir viviendas, recuperar infraestructura y dinamizar la inversión. Pero también necesita que las familias puedan tomar decisiones inmobiliarias con información suficiente, expectativas realistas y mecanismos de protección efectivos.
 
                La verdadera reactivación no comienza cuando se abre una nueva sala de ventas, sino cuando el comprador encuentra razones verificables para confiar en el proyecto que está a punto de adquirir. Porque el futuro del Real Estate colombiano no dependerá únicamente de cuántos edificios consiga construir, sino de la confianza que sea capaz de construir alrededor de ellos.
 
Lo digo yo!
 
 

FERNANDO GIRALDO NARANJO
CEO OPEN HOUSE COLOMBIA
contactocgrupocedt@gmail.com
Was +57 3147098916 Pereira, Colombia.

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