CAMACOL CUESTIONA FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA!

Por: FERNANDO GIRALDO NARANJO (Marketer & Estratega Real Estate Global)

OPEN HOUSE COLOMBIA. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) emitió un comunicado formal rechazando la reciente declaratoria de estado de emergencia económica y social adoptada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 por parte del Gobierno Nacional. El gremio argumenta que la medida no cumple con los requisitos constitucionales para configurar un estado de excepción, generando incertidumbre jurídica y potenciales efectos adversos sobre la inversión, la planeación de proyectos y la estabilidad macroeconómica del país.

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Inexistencia de hecho excepcional y fundamentación constitucional!

El núcleo del argumento de Camacol es la afirmación de que no se configuran las condiciones excepcionales previstas en la Constitución para la adopción de un estado de excepción. Según el gremio, aunque la situación fiscal del país enfrenta retos significativos, estos no obedecen a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, atributos esenciales para justificar una medida tan excepcional. 

Esta distinción es crucial desde una perspectiva de derecho constitucional.

Camacol sostiene que la coyuntura fiscal —resultado, entre otros factores, de la reciente negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria clave para financiar el presupuesto de 2026— puede describirse más apropiadamente como una circunstancia estructural previamente conocida y en debate público, y no como un evento inesperado e imprevisible. Esta distinción es crucial desde una perspectiva de derecho constitucional porque los estados de excepción están diseñados para responder a contingencias imprevistas, como desastres naturales o crisis súbitas que ponen en riesgo la integridad del orden público o la sostenibilidad estatal.

Impacto sobre la seguridad jurídica y las reglas de juego económicas!

Camacol advierte que la adopción de la emergencia económica sin una justificación sólida genera un precedente institucional preocupante y envía una señal negativa a los actores económicos sobre la estabilidad de las reglas normativas que rigen la actividad productiva y el derecho a la inversión.

En su comunicado, la entidad argumenta que el uso de un estado de excepción no puede servir para reemplazar mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Bajo el marco legal vigente, el Estado colombiano cuenta con instrumentos administrativamente previstos —como la reprogramación de gastos, el aplazamiento o recorte del gasto y herramientas de disciplina fiscal orientadas a la sostenibilidad presupuestal— para enfrentar desafíos económicos sin recurrir a facultades excepcionales.

El gremio enfatiza que saltar dichos mecanismos ordinarios puede debilitar el equilibrio institucional, erosionar la confianza de los inversionistas y afectar la predictibilidad normativa, que son pilares fundamentales para la toma de decisiones empresariales a largo plazo. 

Efectos potenciales en inversión, vivienda e infraestructura!

Para el sector constructor —actividad productiva tradicionalmente considerada como motor del crecimiento económico y generador de empleo— la declaratoria de emergencia económica impacta negativamente la planeación estratégica de proyectos de vivienda e infraestructura. 

La incertidumbre asociada a cambios regulatorios abruptos y facultades extraordinarias del Ejecutivo puede retrasar inversiones y desincentivar compromisos de capital a largo plazo, afectando la capacidad del sector para aportar empleo formal y contribuir al dinamismo macroeconómico. Esta preocupación se acentúa en un contexto en el que la construcción debe operar con claridad sobre los marcos de reglas y expectativas regulatorias para sostener planes de expansión y cumplimiento de metas de productividad. 

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Llamado a preservar el orden constitucional!

En el cierre de su pronunciamiento, Camacol exhorta a las autoridades competentes a actuar para preservar el orden constitucional, fortalecer los canales institucionales ordinarios y priorizar soluciones estructurales responsables que fortalezcan la estabilidad económica del país sin debilitar la confianza de los ciudadanos y del sector productivo. 

Este llamado se suma a otras voces del espectro político y gremial que han solicitado a la Corte Constitucional revisar de manera urgente el Decreto 1390, argumentando que la medida debe someterse a control jurisdiccional inmediato dada su magnitud e implicaciones institucionales.

Hacia un debate técnico y jurídico sobre la emergencia!

La posición de Camacol no es únicamente una crítica política, sino un análisis técnico enfocado en la legitimidad constitucional y los efectos de política pública de la emergencia económica recientemente decretada. Al cuestionar la ausencia de una base jurídica clara para un estado de excepción y al advertir sobre sus posibles consecuencias sobre la inversión y la planeación sectorial, el gremio contribuirá a que el debate nacional sobre la medida incorpore consideraciones profundas de seguridad jurídica, estabilidad institucional y sostenibilidad económica.

*Este artículo fue creado por la Sala de Prensa de OPEN HOUSE COLOMBIAy perfeccionado con la ayuda de una inteligencia artificial que utiliza ‘Machine Learning’ para corrección de texto similar al humano.

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