DEBATE: PETRO VS. CAMACOL SOBRE EL PRECIO DE LA VIVIENDA VIS EN COLOMBIA!
Por: FERNANDO GIRALDO NARANJO (Marketer & Estratega Real Estate Global)
OPEN HOUSE COLOMBIA. En las últimas semanas del primer trimestre de 2026, el debate en torno a la fijación de los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia ha escalado desde una controversia técnica hasta un pulso político-económico entre el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). La discusión gira en torno a si las recientes propuestas normativas para establecer topes de precio de la VIS en pesos y desvincularlos del salario mínimo constituyen una intervención legítima o un riesgo para la sostenibilidad del mercado inmobiliario social, sin implicar, según el mandatario, un riesgo jurídico per se.
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Contexto del conflicto y argumentos de las partes!
El gobierno de Petro sostiene que “no hay riesgo jurídico” en las modificaciones propuestas sobre la regulación de precios VIS y que el aumento del salario mínimo no necesariamente se traduce en un encarecimiento real de la vivienda social. Según el mandatario, el salario vital —término oficial para el incremento del salario mínimo— influye en el costo laboral (estimado en alrededor del 20 % del valor total), pero no debería ser el determinante principal del precio final de una vivienda. Además, enfatiza que los topes son límites máximos, no aumentos automáticos de precio.
El Gobierno ha promovido un borrador de decreto para que el precio de la VIS se informe en pesos colombianos desde la etapa inicial del proceso comercial, reduciendo la dependencia de referencias al salario mínimo y, con ello, evitando ajustes automáticos que puedan afectar a los futuros compradores. Esta medida se presenta como un avance en materia de transparencia y protección del consumidor, reforzada por la Circular 04 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Respuesta de Camacol: riesgo para la oferta y acceso a la vivienda!
Por su parte, Camacol ha sido enfático en advertir que el borrador de decreto puede equivaler en la práctica a un control de precios artificial, reduciendo la rentabilidad de proyectos y generando inseguridad jurídica para inversiones a largo plazo en el segmento social. Para el gremio, un control rígido desde la fase de comercialización hasta la escrituración puede alterar reglas de mercado clave —permitidas actualmente bajo normativa que acepta precios en pesos o salarios mínimos— y afectar no solo el acceso a instrumentos de política pública como subsidios o condiciones preferenciales de crédito, sino también la sostenibilidad de futuros proyectos de vivienda VIS.
Camacol también ha cuestionado la interpretación del impacto del salario mínimo, señalando que los costos de construcción no se limitan a la mano de obra; los materiales y otros insumos contribuyen a cerca del 70 % del costo directo, potencialmente elevando los costos de proyectos nuevos entre 10 % y 15 %. Esta presión podría traducirse en una menor oferta de vivienda social, justo cuando la demanda de este tipo de viviendas supera la capacidad de construcción formal.
Camacol también ha cuestionado la interpretación del impacto del salario mínimo.
Implicaciones económicas y del mercado inmobiliario!
Este choque de visiones pone en evidencia tensiones estructurales del mercado de vivienda social en Colombia. Por un lado, un salario mínimo elevado es percibido por el Gobierno como una herramienta para fortalecer el poder adquisitivo de los hogares; por otro, este mismo incremento, si se traslada automáticamente a los topes de VIS, puede desincentivar a los constructores y reducir la oferta, lo que históricamente ha empujado a más familias hacia el mercado de arriendo, encareciendo las cargas de vivienda en urbanizaciones importantes del país.
Además, la discusión tiene un componente jurídico relevante: el uso de decretos para intervenir precios en un sector tan estratégico como el inmobiliario puede generar precedentes respecto a cómo se equilibra la autonomía de mercado con la intervención regulatoria estatal en bienes con alta carga social, como lo es la vivienda popular.
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Desde la sala de observación!
El debate Petro – Camacol sobre la regulación de precios de la VIS en Colombia no es meramente semántico ni un conflicto sectorial aislado, sino una discusión profunda sobre cómo se configura la política pública de vivienda social en contextos de alta inflación salarial. El Gobierno apuesta por una mayor transparencia y protección del comprador mediante precios en pesos, mientras que el sector constructor alerta que tal estrategia puede erosionar la confianza de los inversionistas y limitar la construcción de vivienda social en el mediano plazo. El resultado de este pulso podría tener efectos duraderos en la disponibilidad de vivienda asequible, la dinámica de inversión en real estate social y la seguridad jurídica del sector inmobiliario en Colombia.
*Este artículo fue creado por la Sala de Prensa de OPEN HOUSE COLOMBIA, y perfeccionado con la ayuda de una inteligencia artificial que utiliza ‘Machine Learning’ para corrección de texto similar al humano.
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